La joven señala a siete integrantes de la fraternidad de Chi Phi de haberla drogado y violado en octubre de 2024
El pacto patriarcal es una realidad evidente, aunque esta vez se ha ido de las manos en la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Allí hace dos años, una joven de 20 fue drogada y luego violada por siete miembros de la fraternidad Chi Pi. Lo curioso es que, a pesar de denunciar tal atrocidad, la Universidad puso en marcha una investigación que tuvo unas consecuencias absurdas, en la que solo dos de los acusados fueron expulsados y ninguno de los violadores fue arrestado.
Todo ocurrió el 19 de octubre de 2024. La joven había estado en su hermandad antes de dirigirse sola y ebria a la casa de la fraternidad para visitar a su amigo Mattew Ingalls. Ella explica que, una vez allí, su supuesto amigo y otro integrante de la fraternidad, Jonathan Newell, la presionaron para que inhalara lo que ellos dijeron que era ketamina para poder agredirla sexualmente.
Durante la violación, uno de los hombres envió un mensaje por un grupo denominado “Chi Phi Actives”, animando a que más hombres se unieran. Tras recibir ese mensaje a la 1:42, acudieron cinco más: Diego Sarabia, Winston Lee, Gillio Lopes, Scott Kretzschmar y Scott Norris. Todo sucedía mientras ella estaba inconsciente, algo que desde luego no les importó a todos esos hombres que prosiguieron con ese horror hasta las 5:45 de la mañana.
La violación duró siete horas, siete horas en las cuales se fueron sumando hombres, y en las cuales ningún integrante de esos entre 25 y 30 que residían habitualmente en la hermandad hizo nada por frenar la situación. A esto le sumamos los 60 integrantes en el grupo de Snapchat que tampoco hicieron nada por avisar a la policía e intentar parar tal situación.
La víctima denunció lo sucedido a las autoridades de la Universidad de Cornell tres semanas después de lo ocurrido. La respuesta de la institución, tras unas 12 audiencias separadas para interrogar a los implicados y testigos, fue la expulsión de 2 de los agresores. Para los otros 5 miembros de la fraternidad que participaron u omitieron el socorro, pusieron sanciones absurdamente irrisorias, como talleres obligatorios de concienciación y redactar ensayos de disculpa. Ella, sin embargo, fue la que tuvo que abandonar la universidad.
Los agresores coordinaron una narrativa conjunta para protegerse entre sí, logrando evitar el arresto inicial alegando en todo momento que lo ocurrido había sido "consentido". Un pacto patriarcal y deleznable a través del cual todos esos hombres se cubrían entre ellos. A pesar de eso, la víctima denunció a la policía lo ocurrido, pero la Fiscalía del Condado de Tompkins cerró la vía penal afirmando "falta de pruebas suficientes" para un arresto criminal.
Cabe destacar que todos los agresores pertenecen a familias con un alto poder adquisitivo. Todo ello les ha ayudado para permitirse contratar bufetes de abogados privados de primer nivel y hacer frente a la situación, cubriéndose las espaldas a costa de los mejores especialistas.
Ahora, la exalumna ha presentado una demanda civil detallada de 101 páginas en los tribunales de Manhattan. De esta forma, al pasar a la justicia civil ordinaria, los documentos, los nombres de los acusados y todos esos escalofriantes detalles sobre el grupo de Snapchat, así como el absurdo castigo de la universidad a los violadores, han dejado de ser confidenciales. Evidentemente, la respuesta colectiva ante tal situación ha desatado una oleada de indignación ante la desprotección de las mujeres por parte de las instituciones educativas y las universidades.
Fotos | @bamachiphianchorgames
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