México se moderniza: ahora los niños y niñas podrán llevar primero el apellido de la madre

Durante demasiado tiempo, el orden de los apellidos en México ha seguido un orden inamovible: primero el del padre y después el de la madre. No era ni una elección personal ni una negociación familiar. Sin embargo, eso es algo que empezó a cambiar en 2023, cuando el Senado aprobó la reforma del Artículo 58 del Código Civil Federal de México. Aunque no es hasta ahora que podemos afirmar que se transforma dicha costumbre en todo el país con su ratificación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Básicamente, el SCJN ha declarado inconstitucional la obligatoriedad de registrar primero el apellido del padre. Reconociendo así el derecho de las familias mexicanas a decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos. El argumento central es que imponer lo contrario vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, además de limitar el derecho a la identidad de niñas y niños. 

Aunque desde 2016, 21 de los 32 estados de la república ya habían reformado sus códigos civiles para permitir la elección, la sentencia de la Corte consigue blindar este derecho a nivel federal, impidiendo que cualquier autoridad local se pueda negar a realizar el trámite. Por lo tanto, la sentencia representa un paso importante hacia la equidad de género. No se trata solo del orden de dos palabras, sino de cómo el Estado reconoce la identidad, igualdad y diversidad de las familias mexicanas.

Este sistema patriarcal de apellidos que ha imperado en México durante  siglos tiene su origen en la época colonial. Igual que se hacía en España, se estableció dicho orden para facilitar el control demográfico y los trámites administrativos. El hombre era considerado el dueño y proveedor de la familia, y la ley lo reconocía como el transmisor legítimo del linaje. Las mujeres, en cambio, eran vistas primero como hijas y después como esposas, lo que hacía que sus apellidos se diluyeran con el paso de las generaciones.

La Primera Sala de la SCJN concluyó que la obligación de anteponer el apellido del padre reproduce una estructura familiar desigual, en la que el apellido materno queda relegado a un segundo plano. Para el tribunal, esta costumbre no solo afecta a las mujeres, sino también a los hijos, al imponerles una identidad legal que no siempre coincide con su historia personal o familiar.

La decisión tiene un impacto directo en las familias monoparentales, muchas de ellas encabezadas por mujeres, al colocarlas en igualdad de condiciones frente a los modelos familiares tradicionales. Aunque la resolución de la SCJN unifica el criterio a nivel nacional, algunos estados ya habían avanzado por su cuenta. 

Yucatán fue pionero en 2013 al permitir que el apellido materno pudiera colocarse primero, como parte de sus compromisos en materia de equidad de género. La Ciudad de México y otros diez estados no establecían un orden obligatorio en sus códigos civiles, mientras que solo seis entidades mantenían la exigencia del apellido paterno en primer lugar. El fallo de la Corte elimina estas diferencias y garantiza el derecho en todo el territorio mexicano, independientemente de la legislación local.

Cómo se registra ahora a un hijo en México

Tras la reforma, el trámite para registrar a un bebé seguirá siendo el mismo de siempre, pero con una diferencia clave: las autoridades ya no pueden negarse al registro por el orden elegido de los apellidos.

Los padres deben acudir al Registro Civil con el acta de nacimiento expedida por el hospital, identificaciones oficiales, CURP, comprobante de domicilio y un escrito en el que conste el acuerdo mutuo sobre el orden de los apellidos. Si se desea que el apellido materno vaya primero, debe expresarse claramente.

En caso de desacuerdo entre los padres, la ley establece que el orden se definirá por sorteo ante un funcionario del Registro Civil. Cualquier modificación posterior requerirá un juicio especial.

Asimismo, si una autoridad se niega a realizar el trámite, las personas afectadas pueden acudir al Instituto Federal de la Defensoría Pública, que ofrece asesoría gratuita en todo el país.

Foto de portada | Aditya Romansa

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